Averly, el bronce contra el ladrillo

6 agosto, 2015

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Las ciudades y los pueblos están llenas de elementos -espacios, edificios, personas, calles y más- que, por norma general, se rompen constantemente y constantemente son rehabilitados, rehechos, recuperados. A veces ocurre, sin embargo, que cualquiera de ellos se descomponen y ni la ciudad ni quienes la habitan son capaces de pensar en cómo volver a hacerlos suyos. Bien, esto es lo que ha pasado con la antigua fundición Averly, en el barrio de Portillo de Zaragoza. Cerrada desde 2011, es uno de los ejemplos vivos de las “catedrales de una religión Industrial”, y también el epicentro de los movimientos especulativos de un sector en crisis, el de la construcción.

Los restos del naufragio

La ola del ladrillo que se vivió en Zaragoza desde 1996 llegó muy alto, se extendió por toda la ciudad y su resaca fue enorme. Los proyectos urbanísticos de toda índole surgían un poco por toda la ciudad, casi siempre con la perspectiva de alejar fábricas e industrias de las zonas de expansión urbana; fue un fenómeno que se repetía por todo Aragón, como en Harinas Porta de Huesca, o el conflictivo plan para la recalificación de las zonas industriales del Picarral zaragozano. Y también en Zaragoza, claro, llegaron la Expo 2008 y la Milla Digital.
Esa entrada en Zaragoza a través de la carretera de Logroño, antigua zona industrial, se convertiría en los primeros años del siglo XXI en el eje en que se acumulaban los nuevos hitos de la ciudad, como la estación Intermodal, Etopía o, siguiendo el eje de la Milla Digital, CaixaForum, mientras sus solares se vendían por sumas estratosféricas. El mejor ejemplo lo representa la parcela del cuartel de ferrocarriles (hoy desierto), que compraba en 2006 por 82 millones de euros el grupo Nozar (hoy quebrado).
Todo ello ocurría, además, en una zona bien provista de otros hitos arquitectónicos, como la Aljafería, el Pignatelli o la propia Averly. Los propietarios de esta última -familia Hauke-, cercada por la mala situación económica y el nonato túnel carretero de la AP-68, decidían en 2013 vender la histórica factoría a la constructora Brial-Neurbe. Empezaba en aquel momento la amenaza de la destrucción sobre un bien cultural al que la actividad productiva y el cuidado de sucesivas generaciones de trabajadores y propietarios había convertido en una de las manufacturas donde se había modelado la imagen de Zaragoza

En el almacén de modelos de Averly se acumulaban cientos de bienes protegidos a causa del valor patrimonial que condensan

En el almacén de modelos de Averly se acumulaban cientos de bienes protegidos a causa del valor patrimonial que condensan

Fundiendo paisaje

Pero Averly es tan solo una fábrica; es tan solo una villa en la que vivió una familia y aún vive Carmen Hauke. Solamente unas oficinas. Y sin embargo es mucho más. La actual ubicación de Averly sustituyó a las anteriores, que desde 1853 habían albergado la actividad de la fundición en la calle San Miguel. Levantada entre 1879 y 1880 en la Ronda de Campo Sepulcro por la proximidad a acequias y a la estación del ferrocarril.
Desde sus inicios compatibilizó las tres funciones de fábrica, residencia de los propietarios y oficinas de la compañía, algo que si en aquel entonces no era extraño, hoy la convierte en el único ejemplo de villa-factoría que queda en España. He aquí el primer motivo del carácter excepcional de Averly.
Además, de sus entrañas salieron miles de obras y elementos que constituyen parte de la memoria viva de Zaragoza y de Aragón. Desde el Monumento al Justuciazgo de la Plaza de Aragón -fundido en Averly según el modelo de Félix Navarro entre 1892 y 1894- a los chapiteles del Pilar, pasando por las farolas de la calle Alfonso o una gran cantidad fuentes y ornamentaciones por todo Aragón, son innumerables los hitos en la memoria colectiva y el paisaje creados en esta fundición. En este sentido, y esta sería la segunda característica, en Averly se conservaban los modelos que confirman buena parte de nuestros paisajes; estos modelos, protegidos legalmente, han sido evacuados de su entorno natural  y son inaccesibles a día de hoy, en menoscabo de la legislación sobre patrimonio que los ampara.
Ese carácter de conjunto monumental en el que se preserva la memoria industrial es el que lleva defendiendo desde 1999 APUDEPA, cuando solicitaba que, en el marco del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que se debatía en el ayuntamiento, se incluyera la protección integral de Averly como Bien de Interés Cultural, la máxima categoría contemplada legalmente. Se intuía entonces -12 años antes de que acabara su actividad productiva- lo que se ha hecho innegable ahora, y es que la parcela de  la fábrica constituía un suculento trozo de pastel para las constructoras. Es en ese cruce de caminos entre el interés urbanístico y las potencialidades como lugar de memoria, donde reside la tercera causa de la relevancia de la factoría, ya que se alza como un engarce no solo con un patrimonio cultural, urbano, sino también con el recuerdo del trabajo industrial en una ciudad que, como Zaragoza, ha vivido una fuerte pérdida de empleo en este sector, especialmente desde el inicio de la crisis.
Éste es el espacio sobre el que se sitúa el conflicto; una disputa planteada en un principio solo en términos de preservación de patrimonio contra especulación urbanística. Como decíamos al principio, el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria y fiebre de la EXPO y de otros grandes proyectos, veía como se aprobaba la construcción de un túnel carretero para la A-68 que implicaba la expropiación de parte de los terrenos de Averly, por la que la empresa recibiría 1,25 millones de euros a partir de 2012; sin embargo, el año siguiente llegó la crisis, y eso significó que Averly no recibiera ese dinero -por una obra, por otra parte, nunca acabada-, extremadamente necesario para una empresa que adeudaba salarios a sus trabajadores desde 2011. En esa pésima situación, la familia propietaria optaba por solicitar un préstamo a Bankia, para el cual ofrecía como avales los terrenos de la factoría. Acosada por las deudas, la compañía optaba por deshacerse de unas instalaciones hipotecadas y sin uso, y venderlas, en enero de 2013, a la constructora Brial.
El hecho es que si Averly no hubiera tenido deudas la administración hubiera podido abonar en su momento el montante por la expropiación aparejada a las obras de la A-68; entonces Averly no tendría que haber puesto como aval para un préstamo sus terrenos, y tal vez no hubiera sido necesaria la venta a Brial para satisfacer sus obligaciones. Pero no ocurrió así, sino que tuvieron que vender sus terrenos para que, finalmente, en marzo de 2014 Zaragoza Alta Velocidad (empresa pública) abonara los 1,25 millones de euros a la compañía. Entretanto, Brial, ya dueña de los terrenos de Paseo María Agustín, aceleraba el proceso para derribar Averly.

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Averly constituye un elemento central de la memoria industrial de Zaragoza; en la imagen obreros trabajando en el taller de carpintería de la fundición.

Historia de dos ciudades

Desde el cese de actividad en Averly y el proceso de compra por parte de Brial, no obstante, se había reavivado la oposición a una posible demolición. Desde el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Industrial (TICCIH), APUDEPA e Hispania Nostra se retomaban las acciones legales para impedir la edificación, mientras que la primera solicitaba a la DGA en abril del 2013 la protección de Averly bajo alguna de las figuras del Patrimonio Cultural aragonés. Esos mismos días nacía la Plataforma Salvemos Averly, que integrada por los citados colectivos y otros (partidos, asociaciones de vecinos y más) daría un impulso social y de calle a la lucha por la vieja fundición.
A partir de entonces arrancaba un proceso tortuoso, lleno de recovecos legales, informes ocultos, amenazas veladas y decisiones en el límite -o más allá- de la legalidad. A tal punto que la antigua propietaria, que habita en precario dentro de la parte residencial desde la venta, denunció a lo largo del 2014 en diversas ocasiones “acoso, coacciones y allanamiento” por parte de la constructora.
En cualquier caso, la movilización social consiguió que la DGA diese marcha atrás en su decisión inicial de no proteger el inmueble y, de este modo, se logra en diciembre de 2013 que al menos la parte “noble” (oficinas, talleres antiguos y jardín) quedasen catalogados, lo cual constituye apenas una tercera parte del recinto, mientras que la mayor parte de los bienes muebles, como maquinaria o moldes, quedan fuera de la protección.
Con esta decisión del Gobierno de Aragón quedaba cerrada, por el momento, la posibilidad de proteger Averly desde el ámbito autonómico. Por consiguiente, parar la ruina de Averly se convertía desde enero de 2014 en una lucha municipal y judicial, mediante el recurso ante los tribunales Superior de Justicia de Aragón (TSJA), y el Supremo. Para cubrir esta línea de conflicto, APUDEPA solicitaba en enero de 2014 que se anulara la orden contraria a declarar Averly Bien de Interés Cultural. Sin embargo, el TSJA fijaba (abril del 2014) en un millón de euros el importe de la fianza para aplicar medidas cautelares contra el derribo.
En otro frente, dentro del Ayuntamiento “Salvemos Averly” pediría ante el consistorio la paralización de un posible derribo y la protección legal como Monumento de Interés Local.  A pesar del apoyo por parte del movimiento conservacionista (avalado por miles de firmas, incluidas las de doscientas personas del mundo de la cultura), de la Real Academia de Ingeniería o del Departamento de Historia del Arte la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento se iba a negar a aceptar ambas peticiones. La amenaza solo se detendría, aunque fuera de manera temporal, en julio de 2014, cuando la Fiscalía solicitaba con buen criterio que no se concediera la licencia de derribo al menos hasta que se resolviera el proceso judicial, para no dar lugar a daños irreparables, y ese es el punto en el que se encuentra el proceso judicial actualmente.
Por contra, en el plano urbanístico, el consistorio autorizaba en septiembre de 2014 una cuestionable -cuando menos- modificación del Plan Especial del área propuesta por la constructora; en ella, la edificabilidad de la zona pasaba de este modo de siete a dieciséis alturas, para un total de 200 pisos; en un nuevo movimiento de despacho, Brial proponía un mes más tarde desentenderse de las 40 viviendas protegidas que habían quedado reflejadas en el nuevo plan especial a cambio de ceder las naves protegidas a la administración para que fuera ésta la que se encargara de poner en marcha un Museo de la Industria. Es decir, aumentaba, de nuevo, sus beneficios y se desembarazaba de los bienes culturales protegidos que, en tanto que propietarios, tienen la obligación de proteger. Si alguien quería comprender esta jugadas, tenía -y tiene- que dirigir su mirada a los insistentes rumores de connivencias entre Brial y los partidos políticos, especialmente el PSOE zaragozano en el gobierno municipal.

… y alrededores

Hay que entender, como señalábamos al inicio, que Averly forma parte de un campo de intereses mucho más amplio. Siguiendo hacia la Avenida de Madrid por Paseo María Agustín, apenas a 200 metros nos encontramos con el edificio del Café Madrid (ver mapa). Pero la cuestión no se centra en casos concretos o parcelas particulares. Desde CaixaForum hasta el Centro Comercial Augusta, eso 2’5 kilómetros fueron la gran esperanza blanca del crecimiento urbanístico de alto standing durante los años de la burbuja. A ambos lados de las avenidas de Madrid y Navarra se acumulaban, tal y como hemos explicado, algunas de las inversiones más delirantes de aquellos años, tanto en manos públicas (con Zaragoza Alta Velocidad) como privadas. Era esa época en que el Ayuntamiento se podía permitir soñar que las reservas de suelo y las plusvalías que generara la Milla Digital permitirían crear un barrio “domótico e inteligente” con rascacielos, más de 4.000 viviendas y un cluster de empresas tecnológicas. El sueño, como es sabido, se esfumó, y de él quedan solares vacíos para casi 3.500 viviendas, el centro Etopía y poco más para hilvanar el relato de un proyecto fallido. Y, por supuesto, 360 millones de euros de deuda pública de Zaragoza Alta Velocidad contraída con distintos bancos.

Zaragoza con otros ojos

Uno de los pocos efectos de la crisis que se ha hecho sentir en positivo ha consistido, haciendo de la necesidad virtud, en replantear una serie consensos que durante mucho tiempo se habían dado por sentado. El primero, el cuestionamiento de la necesidad inagotable de crecimiento urbanístico, y tras él, en cascada, la revisión de los modelos de ciudad, del derecho a disfrutarla, la puesta en cuestión de esa ecuación perversa entre servicios y equipamientos municipales, construcción y desarrollo económico y, por último, cambiar el papel que se le da a la cultura y al conocimiento (de subsidiario a protagonista) en nuestra manera de crear nuestras metrópolis.
Desde luego, la crisis, llena de solares, derribos y desahucios, nos ha hecho repensar nuestros entornos, urbanos y rurales, y el conflicto de Averly, en la medida en que se desarrolla en medio de la ciudad, no podría ser menos. De hecho, el 20 de junio de 2014 la Plataforma Salvemos Averly presentaba a las puertas de la fundición el proyecto que, coordinado por APUDEPA y con una amplia participación de expertos, ofrecía una opción de futuro para el complejo acorde con su carácter de patrimonio cultural.
A lo largo de más de 100 páginas el documento “Fundación Averly” exponía como, con el concurso de la administración, entidades como las fundaciones Basilio Paraíso y Confederación de Empresarios de Zaragoza, asociaciones y colectivos vecinales, se podía alcanzar un modelo de gestión que respetara íntegramente el espacio y le otorgara una función social y económica en el entorno. Desde un semillero para eco-emprendedores a un Museo Industrial de Zaragoza, Averly se presta a múltiples usos que se completarían, además, con la prestación de espacios para equipamientos de proximidad justamente en la intersección de unos barrios que se distinguen por su ausencia.
Para gestionar este nuevo centro de actividad social y cultural, el proyecto prevé un modelo de gestión colectiva inspirado en otros modelos como el de la Tabacalera de Madrid o, bajo un punto de vista distinto, al que aspira el Centro Social Comunitario Luís Buñuel de Zaragoza (ver p. 16). Bajo este modelo, la titularidad previa compra del recinto recaería en la administración -DGA-, mientras que la gestión sería responsabilidad a partes iguales de ésta, de la Unión de Asociaciones impulsora del centro “Fundación Averly” y de la propia empresa, que actuaría como garante del patrimonio material e inmaterial que reside en la fábrica. El principal escollo, no obstante, para poner en marcha este plan se sitúa en la posición de enroque de la constructora Brial, la cual esgrime el coste ya asumido y el lucro cesante como principales argumentos contra esta solución. El proyecto, por su parte, refleja esta circunstancia y así propone la compensación a Brial-Neurbe por la cantidad ya abonada a Averly S.A. (2,5 millones de euros), o la expropiación forzosa por su utilidad pública y el riesgo de destrucción de patrimonio industrial mediante justiprecio.
En cualquier caso, todo el proceso de proteger y dar rentabilidad social y económica a uno de los iconos más importantes del patrimonio industrial de todo el Estado pasa, necesariamente, por un cambio profundo en las políticas públicas sobre patrimonio y urbanismo. Salvar Averly implica, a día de hoy, que tanto Ayuntamiento como DGA protejan íntegramente la vetusta villa-factoría como se merece, mediante los recursos técnicos a su alcance (con la declaración de Monumento de Interés Local o de Bien de Interés Cultural); pero, previo a cualquier otra consideración, las instituciones públicas han de decidir cuál es su función: custodios de los intereses especulativos de las constructoras o, por el contrario, herramientas para velar por los intereses de la ciudadanía, por su derecho a la ciudad y por sus bienes comunes y su cultura.

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Entrevista con Carlos Bitrián de APUDEPA

¿Cómo ha modelado Averly la imagen de Zaragoza y Aragón?

Averly ha influido en la construcción del paisaje de Zaragoza y de Aragón de dos maneras. De manera directa mediante la creación de alguno de los elementos urbanos más reconocibles de la ciudad, como la estatua de Juan de Lanuza en el monumento al Justiciazgo o la figura de la samaritana en la fuente de la plaza del Justicia (antes en la de la Seo). Además de ser la matriz de muchos elementos del mobiliario urbano, como bancos, fuentes o farolas. El vaso de la fuente del viejo Belchite, único elemento del espacio público que ha resistido en lugar tan especial, es de Averly. La emblemática fuente de la mora de Cariñena, también. Pero tal vez Averly haya influido más de manera indirecta. Averly ha sido uno de los elementos principales del proceso industrializador en Zaragoza y Aragón, por ser una empresa de fabricación de bienes de equipo, necesarios para el funcionamiento del resto de industrias. Por tanto fue uno de los centros de conocimiento tecnológico que permitió avanzar en el proceso industrializador. La imagen contemporánea es en buena parte fruto de ese proceso, por lo que la influencia de Averly (que supera el ámbito aragonés, por cierto) es muy destacable.

En el proceso legal de defensa de Averly, ¿en qué sentido ha destacado el papel de las administraciones?

El caso de Averly es para nosotros paradigmático del conjunto de malas prácticas que habitan en las instituciones tomadas por el poder económico. Es tan extenso el capítulo de irregularidades, mezquindades y abusos que se han cometido que tal vez un día se estudie pormenorizadamente lo sucedido. En general en las instituciones no existe la transparencia “natural”. La transparencia la tiene que ganar el ciudadano picando la roca de la administración con cada golpecito de pico. No es fácil conseguir la documentación. A veces porque directamente la ocultan (en los casos más graves) y otras veces porque utilizan mecanismos más sutiles, pero también efectivos, que van desde la actitud personal al ambiente en los centros oficiales. Y en todo caso hacer un seguimiento requiere siempre de mucho tiempo. Por supuesto, ellos saben todo esto. Por otra parte, es una grave amenaza democrática que el parecer técnico esté secuestrado (como generalmente lo está) por unos gestores que, a su vez, están tomados por el poder económico. Y si es demasiado evidente que los vecinos tienen razón, la administración juega al frontón. En su muro rebotan todos y cada uno de los razonamientos, sin tener ni siquiera que contestar decentemente al ciudadano. También se apoyan en que el acceso a la justicia es un lujo en este país, desde el punto de vista económico, y por el esfuerzo que representa. Uno acaba concluyendo que la administración no sirve al ciudadano. Por lo demás, yo animo a todo el mundo a que una vez en su vida haga el seguimiento de un expediente urbanístico. Y si acude al pleno municipal y obtiene las excusas de rigor del concejal correspondiente, la experiencia será completa. Aprenderá de qué increíble manera le van construyendo su ciudad.

Infografía

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Galería de imágenes


Texto: Redacción Subarbre
Fotografías: Archivo/Apudepa
Infografías: Lorién Jimenez