En los últimos meses parece que se ha vuelto a poner de moda hablar de la despoblación de la provincia de Teruel, en ocasiones haciendo referencia a una nueva área denominada Serranía Celtibérica, atractiva denominación formulada por un catedrático de la Universidad de Zaragoza.
Están saliendo libros, reportajes e iniciándose movimientos para generar programas especiales con dinero de Europa y, en último lugar, la solicitud de una posible eurorregión que agrupase esa área territorial. Pero más allá de dinero, nuevas estructuras burocráticas, debates o cursos de verano de la universidad, pocas soluciones reales he visto.
Solamente el diputado en Cortes de Aragón, Nacho Escartín (Podemos) sugirió algo: repoblar esas zonas con refugiados. Nadie le apoyó ni le contravino públicamente, en un más que significativo silencio que ahora no voy a abordar.
El resto de las propuestas solo tienen que ver con el dinero: inversiones, desgravaciones fiscales o nuevas estructuras burocrático-administrativas con su correspondiente dotación presupuestaria, que ya se encargarán de gestionar quienes las proponen y/o afines.
Fondos MINER, FITE, LEADER, dinero para comarcas (sección 26 del presupuesto de Aragón, del cual el 40% se distribuye a partes iguales entre las 33 comarcas sin criterio de proporcionalidad ninguno) y para diputaciones, que llevan regando de pesetas y euros desde finales de los 90 estas despobladas tierras. El fin de la burbuja económica crediticia ha supuesto la vuelta a la “normalidad” demográfica.
Y es que la narrativa de la despoblación es, como todas las narrativas, un discurso de poder. Las declaraciones solemnes no se corresponden con los actos. Los pequeños pueblos disponen, gracias a estas ayudas, de infraestructuras subvencionadas (hostales, hoteles, campings, multiservicios, bares, albergues…) que se licitan de manera poco clara (técnicamente llamados “procedimientos negociados”) y que suelen ser adjudicados a personas en situación cercana a la exclusión social, y según mi experiencia en el terreno, a poder ser de fuera de la Comunidad Autonóma de Aragón. En definitiva se adjudican a personas que no conocen la zona e implementan una mercadotecnia reactiva, no proactiva, que les aboca al fracaso.
Estos perfiles que priorizan los propios alcaldes al final no se adaptan al territorio, o ven que no hay negocio y entre los 3 y 20 meses lo abandonan, en muchas ocasiones con grandes deudas e impagos tanto a ayuntamientos como, peor aún, a proveedores, que para próximas ocasiones desconfiarán de estos nuevos emprendedores y no facilitarán los servicios y suministros a crédito, dificultando el establecimiento de estos negocios en un proceso en espiral.
Lo he visto en múltiples ocasiones; se prefiere a personas que no sean de Aragón y que no se encuentren en una situación socio-económico-intelectual que les pudiera dar cierta independencia de criterio frente al poder del alcalde de turno. Hablando claro: Se busca personas que sirvan de correa de transmisión del poder (gente humilde que no piense mucho), para generar más capital social a la autoridad local.
Pero este comportamiento de la autoridad local cuenta con el silencio, en muchas ocasiones cómplice, de los vecinos -cada vez más escasos- de la localidad. ¿Por qué se repite este apoyo social ante los frecuentes fracasos de las políticas de los alcaldes con los nuevos pobladores? Y aquí está la gran paradoja de todo esto que nos remite a esa narrativa de la despoblación como narrativa de poder: la despoblación es un discurso para legitimar peticiones de dinero (sea en forma de dinero real, de desgravación fiscal o nuevas instituciones que gestionar). Cuanta menos población haya más dinero per capita habrá, y si sigue la despoblación más legitimados están para pedir más dinero, lo cual a su vez redundará en una mayor cantidad per capita, en un círculo virtuoso o vicioso dependiendo desde donde se mire.
Aún recuerdo a un alcalde turolense de la derecha más extrema del Partido Popular preguntándome insistentemente por el tema de los refugiados. ¿Realmente le preocupaba la situación de estas personas? No, en su demanda implícita lo que quería saber es si había negocio detrás con alquiler de viviendas con la garantía de pago del Estado, y que pudiesen ser alquilados a un sobreprecio mayor que el que pudiera generar el equilibrio de precios del mercado. Alquiler con sobreprecio y garantía del estado: negocio redondo con información privilegiada.
Es por ello por lo que esta actitud de los alcaldes no cuenta con el rechazo de los habitantes de los pueblos, porque no se quiere que haya más población, se quiere que haya más dinero per capita con la excusa de la despoblación. Podríamos incluso hablar de complicidad.
Así que todas estas nuevas propuestas, esta nueva preocupación solo busca una cosa: más dinero. Estamos pues ante una nueva burbuja.
Autor: Miguel Montañés